La concejala Patricia Maciá enseña 20 expedientes con 562 facturas donde la Intervención Municipal avisa de que se ha omitido la fiscalización interventora y que podrían incurrir en un “supuesto fraccionamiento de contratos” o facturas “con contratos vencidos en algún trámite de licitación”
Maciá explica que quién confía en un alcalde que denuncia a un partido por unos hechos que luego él comete sin pudor. “Debería acudir a la Fiscalía para denunciar lo que él mismo está haciendo y por los mismos delitos que nos denunció a nosotros”
La socialista recuerda que en junio había un desequilibrio económico de 13’6 millones y que los técnicos recomendaban mecanismos de ajustes como un Plan Económico Financiero. “Es decir, recortes por su mala gestión con el dinero”
El Grupo Municipal Socialista ha comparecido hoy en rueda de prensa para informar que el alcalde Pablo Ruz, con la complicidad de VOX, ha gastado en 9 meses, desde noviembre al 7 de agosto, 3.587.718,44 euros en facturas de servicios o suministros con omisión de la fiscalización interventora, es decir, que incumpliendo la Ley de Contratos del Sector Público.
“Tenemos constancia de, al menos, 20 expedientes de facturas que la Junta de Gobierno del PP y VOX ha dado el visto bueno”, indica la concejala Patricia Maciá, a pesar de que los informes técnicos indican la existencia de facturas de proveedores que han sobrepasado los 5000 euros +IVA -importe máximo para una factura- y literalmente indican “que podrían incurrir en el supuesto fraccionamiento irregular de contratos, por lo que faltaría el expediente de contratación”. O facturas correspondientes a contratos ya vencidos con una licitación en trámite.
“¿Les suena de algo esto? “. En mayo de 2021, un Pablo Ruz “distinto al de ahora”, denunciaba a PSOE y Compromís ante la Fiscalía Anticorrupción por prevaricación y fraude por facturas con reparo por valor de 1’5 millones. Hacía alusión a que en los informes técnicos se indicaba que se podría incurrir en fraccionamiento de contratos y que se informaba en las juntas de gobierno y nosotros hacíamos “caso omiso”.
“El señor Pablo Ruz, el de ahora, ha gastado millones en facturas pagando servicios repetitivos, el doble de lo que en su día denunció. No entendemos cómo el señor Ruz no se pone rojo como un tomate cada vez que aprueba facturas sin contrato en las juntas de gobierno y no le da vergüenza gastarse en menos de un año casi 4 millones de euros en facturas sabiendo que él mismo lo denunciaba hace unos años por prevaricación…. ¿quién prevarica ahora?”, ha manifestado Maciá. “¿No sería para el señor Ruz un delito de prevaricación? ¿Va el señor Ruz a llevar a la Fiscalía sus propias facturas y su propia gestión? ¿Va a hacerse un vídeo riéndose, haciendo creer a la ciudadanía que todo es maravilloso? ¿Y el señor Guilabert? ¿El actual concejal de Contratación que fue quien nos denunció y ahora aprueba en las juntas de gobierno las facturas con omisión de fiscalización?”.
La concejala socialista ha señalado que ha dado estos datos porque como mínimo “es deshonesto para la ciudadanía: la forma de actuar del señor Ruz: la doble cara: una, cuando lo hace el PSOE lo llevo al juzgado y la otra, cuando lo hace el PP está bien e incluso gasta más dinero de forma irregular. Eso no es ni noble ni honesto, más bien es de un descaro impresionante”. Y añade. “¿Quién confía en un alcalde que denuncia a un partido por unos hechos que luego él comete sin pudor? Pues cada vez, menos gente”.
Plantas y flores
Además, Maciá ha manifestado que, en una de las dos relaciones de facturas con omisión de fiscalización interventora de la junta de gobierno del 7 de agosto, aparecen dos facturas a viveros de plantas por la compra de plantas variadas y flores con fechas de 31 de mayo y 25 de junio, cuando fue el 30 de mayo cuando se adjudicó el contrato de suministro de plantas de flor y arbustivas. Una de 619’50 euros y otra de 1.452’86 euros.
“Saben ustedes que pusimos en conocimiento de la Agencia Antifraude la relación de facturas por compra de flores a más de una decena de proveedores por importe superior a los 50.000 euros durante dos meses. Comentarles, que hemos ido añadiendo más facturas a lo largo de estos meses tanto en julio como en septiembre. Facturas que, según el informador de la agencia, se han adjuntado a la documentación de expediente”.
Posibles recortes
En el pleno de junio el equipo de gobierno llevó algunas modificaciones presupuestarias a cargo del Remanente de Tesorería. Según los informes técnicos, lo que generó una inestabilidad presupuestaria de 13’6 millones de euros, es decir, un desequilibrio entre ingresos y gastos.
La intervención advertía de que el año tiene que acabar con equilibrio y cumpliendo con la Regla de Gasto y, ante esos números negativos, existen los mecanismos de corrección de la Ley de Estabilidad Presupuestaria como la elaboración de Un Plan Económico-Financiero.
“Vamos a preguntar por este asunto porque significaría recortes en las partidas del presupuesto de este mismo año. Les recuerdo que de 27’5 millones de euros que generó de remanente el año 2023, el señor Ruz y sus cómplices de VOX han gastado 25’4. Y aún quedan algunos meses para terminar de gastárselo todo”.
Ordenanzas
En la junta de gobierno de 29 de agosto, el equipo de gobierno aprobó modificar 3 tasas, 3 precios públicos y un impuesto. “De esto no informa ni el PP ni VOX. Tiene que ser el PSOE como alternativa que es a dar los datos e informar”.
Se modifica la ordenanza fiscal de la Plusvalía y, según el informe del coordinador de Hacienda, con esta modificación, “el ayuntamiento deja de ingresar 200.000 euros”.
También crean una tarifa nueva en la tasa de expedición de documentos a instancia de parte que, según el informe técnico, incrementaría los ingresos a recaudar en 20.000 euros. Se trata de la creación de una tarifa de 23’64 euros de “expedición de informes por actuaciones policiales no relacionadas con siniestros viales, realizados por la Policía Local”.
Y entre otras, se modifica la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales por la ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas. Según el informe técnico, “considerando el número de licencias de obras concedidas y las declaraciones responsables presentadas en 2023 (2.768) y un periodo medio de ocupación de 7 días, supondrán un aumento de la capacidad económica de 50.000 euros”.
“Por lo poco que hemos podido ver, rebajan el impuesto de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, pero suben las tasas que llegan más al ciudadano de a pie, con un pago de casi 24 euros por si uno tiene un problema que no sea un accidente vial y la policía hace un informe”.
