La concejala Patricia Maciá indica que la resolución final elaborada por el alto comisionado de las Cortes Generales afea que el ejecutivo local aprobara dos informes municipales a posteriori de modificar el contrato para mantener la Cruz de los Caídos “que vienen a servir de soporte a una decisión que ya se había adoptado de antemano”
Gabilondo explica que el ayuntamiento ya contaba con un informe del arquitecto y el arqueólogo municipal de 2021 solicitado por Conselleria en la que calificaba este monumento de vestigio de la Dictadura, consideración compartida por el comité técnico de expertos en la materia
La resolución califica de “engañoso” cambiar el sentido originario de lo que significa elemento, aunque no tenga una inscripción “ya que los propios elementos arquitectónicos pueden tener un determinado significado por si mismos sin necesidad de evidenciarlo”, en clara referencia a lo que Ruz quiere hacer ver ahora con “concordia”
Europa contesta que las operaciones financiadas con fondos europeos deben cumplir el derecho de la UE y el nacional que les sean de aplicación, “las políticas de memoria histórica son competencia plena de los Estados miembros”, y de no ser así “el importe de la contribución europea abonada se reembolsará”.
El Defensor del Pueblo ha emitido una segunda resolución sobre la queja enviada por el Grupo Municipal Socialista de Elche, referida a la modificación del contrato de reforma del Paseo de Germanías para mantener el monumento franquista. El alto comisionado de las Cortes Generales ha contestado al informe emitido por el Ayuntamiento el 16 de enero en el que se explica que hay dos informes municipales que avalan el mantenimiento de la Cruz de los Caídos y que la sugerencia en relación con el proyecto “no es posible aceptarla en cuanto a la retirada de la cruz”.
La concejala Patricia Maciá ha desglosado esta mañana el contenida de la resolución, al ser el grupo municipal el autor de la queja, y ha explicado que el Defensor del Pueblo “vuelve a dar un verdadero varapalo a Pablo Ruz y a Vox en su forma de gestionar el municipio, ya que se piensan que pueden gobernar el ayuntamiento y Elche como si fueran propiedad suya haciendo lo que les viene en gana, saltándose el correcto uso de los procedimientos y la ley”.
En su informe, el Defensor del Pueblo hace cuatro consideraciones al equipo de gobierno. “Destaca que los informes municipales de los que el señor Ruz habla, el patrimonial y el jurídico, fueron emitidos tras la adopción del acuerdo de modificación del contrato, es decir, a posteriori, con el fin de evitar el traslado del monumento a los caídos. Y señala que esos informes vienen a dar soporte a una decisión que ya se había adoptado de antemano en junta de gobierno”. Por tanto, a juicio de Maciá, deja claro que se trata de informes realizados después y no antes de modificar el contrato, “solicitados por el alcalde, informes AD HOC, informes de parte absolutamente. Informes aprobados el 10 de enero, cuando el proyecto se modificó el 9 de noviembre de 2023 y se encargó hacerlos el 16 de noviembre”.
La dirigente socialista indica que la resolución hace referencia a que el hecho de que la Cruz de los Caídos era contraria a la memoria democrática “fue una decisión adoptada por este ayuntamiento en abril de 2021, a petición de la Generalitat Valenciana, informe firmado por el arqueólogo y arquitecto municipal- Pero que, además, esa consideración de franquista fue compartida por la Comisión Técnica autonómica y el comité técnico de expertos para la valoración de la retirada de vestigios relativos a la Dictadura, comisión formada por profesionales acreditados con conocimiento de la materia”.
Ante esto, Maciá se pregunta por qué el señor Ruz pide dos informes, a posteriori de haber modificado el contrato, “si ya existía un informe firmado por el arquitecto y arquéologo municipal que solicitó la Conselleria, ¿Para qué le dijeran lo que quería oir?”. En ese informe de 2021 se enumeraban los elementos que perduran en Elche y que son susceptibles de ser eliminados como establece el artículo 39.2 de la LEY 14/2017.
“El informe dice que la Cruz de los Caídos es el máximo exponente de la Guerra Civil y la Dictadura como homenaje a las víctimas del bando nacional y que no está recogido en el catálogo del Plan Especial de Conjuntos y Bienes de la Ciudad de Elche, por lo que a efectos urbanísticos y patrimoniales no se contempla un régimen de protección”.
El Defensor del Pueblo dice también que, si este equipo de gobierno consideraba que había un cambio de criterio, “tendría que haber remitido a la comisión autonómica correspondiente su parecer, antes de modificar el contrato de remodelación de la plaza, con el fin de cambiar el listado. Cosa que no hizo”.
Sobre la excusa que el señor Ruz “ahora quiere colarnos, como símbolo de la concordia” –nadie en Elche ha hablado ni habla de la cruz de los caídos como un símbolo de la concordia- el defensor del pueblo califica de “engañoso” cambiar ahora el sentido originario de este elemento levantado por los caídos por España”.
Y deja claro que “los propios elementos arquitectónicos pueden tener significado por sí mismos, sin necesidad de evidenciarlo con una placa, máxime, cuando desde su construcción no se ha consolidado en la población un significado distinto” al que tiene desde el año 1944.
Y, por último, el Defensor del Pueblo deja claro que, el hecho de que durante la etapa democrática ningún alcalde haya retirado el monumento “carece de relevancia” ya que la había obligación de ello hasta la entrada en vigor de la ley 52/2007, que luego pasó a ser la ley 20/2022. Y que, con demora, se lo planteó el anterior equipo de gobierno.
El Defensor del Pueblo indica que no acepta la sugerencia del ayuntamiento y que incluirá este asunto en el informe anual a las Cortes Generales, dando por finalizadas las actuaciones.
“Queremos que se cumpla la ley. Y el señor Ruz es conocedor de la ley y de que debe cumplirla y, a pesar de ello, afirma categóricamente que para destruir la cruz deben destruirle a él. Las leyes están para cumplirlas y no hay ninguna disposición que faculte a un alcalde a dejar de aplicar motu propio una ley vigente, le guste o no”, ha afirmado Maciá.
La figura del Defensor del Pueblo está regulada en el artículo 54 de la Constitución Española. “La figura de que Ángel Gabilondo sea el defensor del Pueblo desde 2021 fue producto de un acuerdo entre PSOE y PP y obtuvo 240 votos en las Cortes Generales, por tanto, se trata de una figura elegida por las cortes, que no es de partido y que se regula a través de una ley como indica la Constitución. Esto lo debería saber el señor Ruz”.
Contestación de la Comisión Europea
Por otro lado, EL Grupo Municipal Socialista ha recibido respuesta de la Comisión Europea, a la pregunta de si la Comisión Europea consideraba lícito mantener monumentos de apología a un régimen totalitario cuando se financia con fondos europeos la restauración de la plaza.
La contestación ha sido escueta pero significativa: “señala que las operaciones apoyadas por los Fondos cumplirán el Derecho de la UE y el derecho nacional que les sean de aplicación. “De no ser así, el importe de la contribución de la UE ya abonada al beneficiario se reembolsará al programa de financiación correspondiente”.
“Avisamos al señor Ruz de esta contestación y que retire el monumento franquista porque puede tener consecuencias hasta económicas”.
También indica la respuesta que las políticas de memoria histórica son competencia plena de los Estados miembros, que tiene su propio enfoque.
Por tanto, el proyecto de restauración y musealización del refugio antiaéreo nº4, incluida la reurbanización de la plaza, para la apertura al público como centro expositivo de la Guerra Civil en el marco de los Derechos Humanos “aprobado por nosotros hace un año debe desarrollarse tal cual se elevó a Europa para que nos concedieran la subvención”.
